El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) calcula que la deuda acumulada por la Generalitat desde el ejercicio 2011 con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad supera los 82 millones de euros. De esta cifra, la mayor parte de la deuda, casi 41 millones, corresponde a programas del departamento de Bienestar Social relacionados con subvenciones para el mantenimiento de las entidades y la concertación de plazas de residencia, hogares-residencia, apoyo para la autonomía al propio hogar, centros de día... El segundo lugar del ranking lo ocupa el departamento de empresa y empleo, que acumula una deuda de 38,6 millones de euros, vinculados a programas y servicios que favorecen la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto al mercado de trabajo ordinario -el Programa de Orientación y Acompañamiento a la Inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad mental (POIN) y el programa de Trabajo Con Apoyo (TAS)- como al mercado protegido a través de los centros especiales de trabajo (CET). Otras deudas corresponden a los departamentos de Enseñanza (1,8 millones de euros), Salud (casi 1,1 millones de euros) y Justicia (56.262 euros), seguidos de Presidencia e Interior. Las deudas se pueden resumir en la siguiente tabla: El presidente del COCARMI, Antonio Guillén, explica que "desgraciadamente, esto está teniendo como consecuencia una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de éstos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de las listas de espera, unas mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad". El COCARMI envió en marzo una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacidad desde que estalló la crisis. Esta nueva reclamación, que todavía no ha obtenido respuesta, se suma a la del pasado mes de octubre, cuando se anunció un nuevo aplazamiento parcial de los pagos, y en la cual ya se denunciaba que se ponía en riesgo la calidad de los servicios y que, incluso, podía llevar al cierre de entidades. Además, se pedían vías de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asumiera el coste financiero derivado de los impagos. Ante esta situación, el COCARMI sigue pidiendo un calendario de pagos y recuperar la normalidad para continuar trabajando en el desarrollo de políticas de inclusión para las personas con discapacidad y/o trastorno mental de Cataluña.