El objetivo del encuentro era conocer las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la situación de emergencia por la crisis sanitaria del COVID-19.

De momento, sólo 5 comunidades (Baleares, Cantabria,  Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana) se han comprometido por  escrito a cubrir el coste íntegro de las plazas. Andalucía asegura que financiará  el 80%.

Ante la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma, reclaman un plan de choque que tenga como objetivo principal el mantenimiento del empleo de este colectivo y la supervivencia del tejido social y empresarial que sustenta esta ocupación.

Ante  la incidencia del coronavirus en las residencias, pisos tutelados, servicios de  ayuda en el hogar y asistencia personal, exigimos la dotación de material de protección individual y la realización de test a toda la plantilla  en centros con casos sospechosos y en los servicios que se están prestando.