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NOTA DE PRENSA: La falta de financiación autonómica merma los derechos de las personas con discapacidad y compromete la calidad de los servicios

Aedis Comunicación,

Con motivo del Día Internacional de las Personas con  Discapacidad, AEDIS (Asociación empresarial para la Discapacidad que representa a 480 entidades en toda España) alerta de que la insuficiente financiación de los gobiernos autonómicos está poniendo en riesgo la calidad, estabilidad y continuidad de los apoyos que reciben miles de personas con discapacidad intelectual en centros residenciales, ocupacionales, asistenciales, educativos y en el ámbito del empleo protegido.

La entidad advierte de que los precios plaza y las dotaciones presupuestarias que sostienen los servicios especializados siguen muy por debajo del coste real. En muchas comunidades autónomas, los conciertos y acuerdos marco llevan años sin actualizarse, lo que impide a los centros ofrecer apoyos ajustados a las necesidades actuales y mantener estándares adecuados de calidad.

A esta situación se suman retrasos recurrentes en los pagos de los conciertos, que generan tensiones de liquidez y dificultan la continuidad de los servicios esenciales. Jacinto Castillo, presidente de AEDIS, subraya que “esta asfixia administrativa está afectando directamente a las personas usuarias, que ven cómo se limita la capacidad de los centros para reforzar equipos profesionales, actualizar recursos o incorporar mejoras tecnológicas y de accesibilidad”.


Diferencias por comunidades autónomas

La organización denuncia también grandes diferencias territoriales en la financiación y en los requisitos administrativos, que provocan desigualdades injustificables en la calidad de los apoyos según la comunidad autónoma en la que resida cada persona. Esta brecha territorial se hace visible tanto en servicios sociales como en atención educativa especializada.

En el ámbito del empleo de personas con discapacidad, el problema se repite: existen retrasos en los pagos de las ayudas destinadas a los centros especiales de empleo de iniciativa social, diferencias de financiación entre territorios y convocatorias que  no salen o no se ajustan a la realidad del sector. Esta situación compromete la estabilidad laboral de miles de trabajadores con discapacidad y dificulta la misión inclusiva de estas entidades.

AEDIS recuerda que garantizar una atención digna, estable y de calidad no es posible sin un compromiso financiero firme y homogéneo por parte de las administraciones autonómicas. Por ello, insta a los gobiernos a actualizar precios y conciertos, garantizar los pagos en plazo y establecer un modelo de financiación que proteja de forma equitativa los derechos de todas las personas con discapacidad, con independencia del territorio en el que vivan.

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