Tras el anuncio hecho ayer por el Gobierno de Sánchez del primer pacto con sindicatos y empresarios para la subida a 950€ del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad) y Plena inclusión España valoran la medida como necesaria, al tiempo que alertan ante el peligro de insostenibilidad que acecha al sector.
“Nuestros hijos e hijas pueden ver peligrar su plaza y la calidad del servicio si las administraciones públicas no trasladan a las asociaciones de la discapacidad los recursos necesarios para hacer frente a dichas subidas”, asegura Santiago López, presidente de Plena inclusión España. López también advierte de que “las entidades ya están infrafinanciadas y que no pueden acometer las inversiones necesarias para ofrecer servicios y apoyos que las personas necesitan”. Desde AEDIS, su presidente, Bernabé Blanco, dibuja el escenario: “En toda España sufrimos la ausencia de líneas de mejora y renovación. Además, muchas veces es necesario reforzar las plantillas para dar un servicio inclusivo y que fomente la autonomía, y no un modelo asistencial de aparcamiento de personas que con las plantillas que financian las administraciones en muchas ocasiones no es posible “.
Desde estas dos organizaciones se avisa de que medidas como la subida del SMI deben acompañarse de otras políticas de reconocimiento y promoción de los profesionales del sector que son claves. “Contamos con grandes equipos que es justo retribuir y desarrollar cómo se merecen”, aseguran desde Plena inclusión España y AEDIS.
Centros especiales de empleo
Respecto al empleo de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo (TEA, parálisis cerebral etc.), ambas organizaciones creen urgente la llegada del compromiso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que garantice un aumento de la subvención salarial de los Centros Especiales de Empleo.
Bernabé Blanco, presidente de AEDIS, patronal de Plena inclusión, manifiesta la urgencia de defender al colectivo de personas con más dificultades de empleabilidad tal y como arrojan los datos. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presentan la tasa de actividad más baja, 31% y una tasa de desempleo del 37,5 (datos referidos a 2017). “La mejora del sistema de empleo debe medirse por la protección de los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades para su inclusión laboral”, concluye Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
