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NOTA DE PRENSA: AEDIS traslada al Gobierno su preocupación ante la subida del SMI en 2026 y plantea medidas para garantizar la sostenibilidad del sector de la discapacidad

Aedis Comunicación,

La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) reacciona al anuncio del Gobierno de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 y traslada al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas para evitar que esta medida tenga un impacto negativo en las entidades del sector de la discapacidad y en el empleo que generan.

En concreto, AEDIS, que representa a cerca de 500 entidades sociales, ha enviado una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que valora positivamente el objetivo de avanzar hacia salarios dignos y un mercado laboral más justo e inclusivo. Pero advierte de que, en el ámbito de la discapacidad, los costes salariales representan una parte muy significativa de la estructura económica de las entidades.

En este contexto, la organización empresarial señala que la capacidad de adaptación de estas entidades es limitada cuando los incrementos del SMI no van acompañados de una actualización suficiente y ágil de los módulos de financiación, los conciertos, los contratos y las subvenciones públicas.

La asociación subraya que esta situación afecta especialmente a los centros especiales de empleo de iniciativa social de AEDIS, que proporcionan trabajo a más de 12.800 personas con discapacidad, muchas de ellas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.


Propuestas trasladadas al Ministerio

En la carta, AEDIS plantea la necesidad de realizar evaluaciones específicas sobre el impacto del SMI en el sector, reforzar las subvenciones para las personas trabajadoras con mayores necesidades de apoyo, coordinar las decisiones sobre el salario mínimo con las políticas activas de empleo y promover planes de inversión, modernización y formación.

Finalmente, AEDIS reitera su disposición a colaborar con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y solicita un espacio de diálogo para avanzar en soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales sin poner en riesgo la sostenibilidad de las entidades ni la continuidad de los servicios que prestan a las personas con discapacidad.

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